El gasto público es “compra de bienes y servicios por parte del sector público” . Debe ser programado cada año, en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Al margen de los adornos estilísticos, que proyectan sensación de inspiración celestial, la ejecución práctica del Gasto Público responde, primordialmente, a los intereses de políticos y politiqueros, que de manera proporcional al Poder que tienen, se distribuyen significativas sumas para beneficios propios.
De ahí que, como algo natural, sin que se ruborice nadie, personas percibiendo dólares por nombramientos diplomáticos en países y en ciudades, que si acaso visitan, es en proyectos recreativos y/o de intereses propios. Beneficiarios y beneficiarias pertenecen a una categoría especial de parásitos, que sin aportes ni siquiera insignificantes, extraen del erario público recursos que si fueran orientados a proyectos colectivos, podrían contribuir a resolver problemas que laceran la convivencia cotidiana. Por razones históricas se les minimiza, llamándoles “botellas”. Son tanques, algunos podridos. Esto fue practicado sin disimulo, en el pasado gobierno.
Para un gobierno comprometido con la pulcritud, sería fácil pedir cuentas de estas extravagancias corruptas, de público conocimiento. Están en la nómina de la Cancillería. Se puede verificar su incumplimiento con la lista suministrada por los Estados. Los que cobraron para hacer campaña a los candidatos del pasado Mandatario, también son identificables. Basta observar los espacios físicos, las sillas, escritorios, computadores, etcétera, en las oficinas, y establecer relaciones con las nóminas.
“El que reparte y reparte toca la mayor parte”, explicita un refrán seglar.
El descaro congresual, legaliza los famosos “barrilitos” y “cofrecitos”, símbolos de la “generosidad”, el “altruismo”. la “sensibilidad humana”, la “preocupación por los pobres”, “el apego a las tradiciones”, y otras virtudes meritorias del reino celestial; de senadores y senadoras, de diputados y diputadas, que en adición a dietas, exoneraciones en demasía, secretarios y secretarias especiales, suelen decir “presente” en sus comunidades, cuando “un pobre necesita ser ayudado”. Agasajan materialmente a las madres. Se preocupan para que “la habichuela con dulce no falte en los hogares cristianos”. Todo con cargo al Presupuesto del Estado.
En República Dominicana, Odebrecht simboliza la estructura política imperante. Nadie esta preso. Un autoincriminado, de manera pública, fue excluido del expediente. Documentos acusadores fueron ignorados por la instancia responsable de instrumentar el proceso, incluso documentos publicados de manera responsable por instancias periodísticas. Se brincó la lógica del proceso instrumental, como si algunos puntos fueran los charquitos de un río con poco agua, de un arroyo, o de alguna cañada.
Odebrecht es la representación macro de una Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con un baño en el cual yace la mancha indeleble de la mafia oficial. La sangre derramada de un ingeniero inmolado, con la esperanza, aún vana, de que su gesto indujese a reflexionar sobre extremos lacerantes. De una Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses donde solo la ejecución sangrienta de un abogado, indujo a la acción judicial contra tramadores del asalto al erario publico. De un Consejo Estatal Azúcar, que fue preminencia noticiosa, por dos locutores asesinados, como consecuencia del reparto privilegiado de las tierras del Estado.
Odebrecht es, en síntesis, la voracidad de una estructura político-económica (o económico-política) que mientras los sectores sensatos de la sociedad estaban conmocionados por la pandemia, sus cabezas pensantes diseñaban planes para aprovechar la misma, dimensionando sus arcas, a costo de los recursos del Estado, y seguros de que no rendirían cuentas por su proceder delictivo.
¿Se mantiene esa seguridad de la impunidad ante el actual gobierno?
Podría argumentarse que esto no solamente pasa en República Dominicana. Tienen razón los que así razonan, en cuanto a los hechos. Son farsantes en cuanto a la respuesta judicial de otros países, que diferente a República Dominicana, sí han pedido cuentas a los autores de hechos bochornosos.
Este estilo de abuso del gasto público lacera el crecimiento económico de la sociedad. Promueve la riqueza y la concentración de recursos, en minorías aventajadas.
Suprimir estructuras burocráticas es insuficiente. La reorientación adecuada del gasto público, requiere ejemplos sancionadores. Necesita hombres y mujeres en la cárceles. Necesita recursos sustraídos retornados al erario público. Necesita funcionarios obligados a pagar por parásitos que se nutrieron de los cuartos de todos, mientras ellos eran simpáticos y complacientes. Los funcionarios que pagaron salarios no trabajados, deben retornar esos salarios, e ir a la cárcel.
Al margen de medidas cómo éstas, el mensaje de reorientación económica; el optimismo proyectado por el Presidente. Las ilusiones sectoriales… son entretención quimérica. Será gran frustración para quienes no se sientan engañados.
